Oct 18, 2011

Ritmos jurídicos y desilusiones políticas

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crédito de foto:Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) Universidad de los Andes

17 de octubre 2011

Publicación Barómetro  

Por Vladimir Aguilar Castro

Los tiempos políticos no siempre coinciden con los jurídicos y tampoco tienen por qué ser necesariamente los tiempos de las instituciones. Es lo que ocurre para el caso de los derechos indígenas en Venezuela. 

Los cambios jurídicos que han creado las mejores condiciones para la promulgación de derechos en favor de los pueblos y comunidades indígenas del país, han incidido de manera negativa en la organicidad política que permitieron dichos avances.

Pareciera que la condición de lo jurídico fuera la parálisis de lo político. ¿Las razones? Múltiples. Esperemos que ellas sean parte del necesario balance que los pueblos y comunidades indígenas del país puedan en algún momento realizar. Así lo evidencia el dato histórico: en los diez años anteriores a la nueva Constitución, con un sólo un artículo como régimen de excepción en la antigua Carta Magna, se avanzó más políticamente que en los diez años que van corriendo de nuevo contrato social.

En los diez años previos se logró llevar al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por violación de derechos indígenas. También se logró invalidar por inconstitucional una ley estadal de división político territorial, así como medidas cautelares en favor de comunidades indígenas por violación de sus sitios sagrados.

Política y derecho corrían en tiempos acompasados. Las organizaciones indígenas eran lo tremendamente fuertes para enfrentar al Estado venezolano. Aunque no habían dispositivos jurídicos y normativos a su favor, había suficiente organización política no sólo para interpelar al Estado en el orden domestico e internacional, sino sobre todo, para hacer exigibles el conjunto de derechos reconocidos en el ámbito internacional a los pueblos indígenas del mundo e incorporarlos en el ordenamiento jurídico interno.

El balance del proceso de cooptación política del movimiento indígena venezolano está por hacerse. Pero debe ser el propio movimiento quien lo haga y en el tiempo en que él mismo lo determine. Nunca será tarde. De lo único que hay que tener cuenta es que los cambios cualitativos son más largos en el tiempo, que las derivas y amenazas que lo acechan. Ojala que el momento del balance no coincida con ninguna regresión histórica que lamente su destiempo.

Si la autodemarcación no se ha constituido aún en el objetivo estratégico de los pueblos y comunidades indígenas del país, no ha sido por un problema jurídico sino por un asunto esencialmente político. Frente a la (de) mora del Estado con los pueblos y comunidades indígenas del país en cuanto a la demarcación, ha habido una mora de los pueblos y comunidades indígenas consigo mismos en cuanto a la autodemarcación.

Pero ello no es algo que sea responsabilidad exclusiva de los pueblos y comunidades indígenas. Como ya lo dijéramos, el balance está pendiente. También tienen algún grado de incumbencia y de responsabilidad los operadores políticos indígenas y parte de sus aliados.

El haber privilegiado la participación y representación política como prioridad fue lo que conllevó a que, a la par de la inserción de los derechos indígenas en la Carta Magna, se garantizara la presencia indígena en el ámbito parlamentario. No obstante, esta sustitución temporal del carácter estratégico de la reivindicación histórica (la tierra, los territorios y recursos tal como lo establece la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas), paulatinamente se fue imponiendo hasta que las organizaciones indígenas casi perdieran de vista la perspectiva histórica de la lucha por su derecho fundamental.

A diez años de marchas y contramarchas es el momento para que los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela se tomen el tiempo necesario para replantear sus objetivos estratégicos y de coyuntura.   

Si el asunto sigue siendo de participación y representación política parlamentaria entonces no había necesidad de un capítulo VIII en la nueva Constitución. Bastaba con afinar los términos de lo establecido en el 70 y 71 de la Carta Magna, así como el desarrollo en el ámbito interno de un derecho reconocido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

Finalmente, como nos lo recuerda Daniel Bensaïd, “(…) estructurada a partir de un conjunto de sucesos incoherentes, cada secuencia reúne elementos determinados pero fortuitos, como en la sala de espera de una estación. Su frágil unidad corre siempre el riesgo de desintegrarse. Opuestas a las teologías del origen y la salvación, cada secuencia “instaura” de hecho un tiempo propio, sin desgajarse de un estrato temporal preexistente. Un periodo familiar se desintegra así ante nuestros ojos, con una paradójica tensión entre la continuidad histórica que manifiesta y las rupturas que implica (…)”.

Los dados están echados para re-situar la cuestión indígena en Venezuela. Sólo que ahora le incumbe a las organizaciones de base de siempre, aquellas que históricamente permitieron que los pueblos indígenas transitaran de ser víctimas de la exclusión a sujetos de derechos y, en consecuencia, a actores políticos.      

 

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